El sentido común para los pobres

A propósito de la presentación del proyecto del juicio por jurados que debatirá la Legislatura, un avance en materia penal.

Se presentó el proyecto de juicio por jurados, un instituto como tantos, incorporados en la Constitución entrerriana.

La novedosa herramienta para juzgar determinados delitos a través de jurados populares viene a democratizar el sistema judicial y, sobre todo, el penal. Al proyecto se llegó luego de charlas y ponencias que fueron dando el marco que terminó con la presentación del proyecto en el ámbito parlamentario.

El instituto funcionará, como lo explicó oportunamente Página Judicial, en los casos que se juzguen delitos que tengan una pena en abstracto superior a los 20 años de prisión. Básicamente los homicidios, los casos que suelen tener el mayor impacto en la esfera pública siempre y cuando la política transite aguas tranquilas.

Los periodistas han tenido la posibilidad de participar de jornadas de debate en las que se explicó de qué manera funcionará el juicio por jurados y por qué es un paso democratizador en materia judicial. Pero también es inquietante abordar el lado social que abre el debate de su aplicación.

Los delitos que se juzgarán en este ámbito suelen darse en los sectores de más bajos recursos de la sociedad, donde la violencia y el abuso, muchas veces por insatisfacciones personales, crece al calor de las crisis económicas que generan exclusión, y donde el homicidio termina siendo el final dramático de un contexto social. Que quede claro, no es en los sectores pobres solo donde se cometen este tipo de delitos, pero las estadísticas evidencian que esos lugares son más fértiles para que se produzcan.

En todos los foros y programas en los que se entrevistó a los protagonistas que impulsan el proyecto se reiteró una máxima: “el sentido común”. Es la incorporación del sentido común el que viene a darle un nuevo handicap al sistema judicial que hasta ahora aparentemente resuelve los conflictos desde lo doctrinario y el dogmatismo. Ese sentido común lo aportará el pueblo. El ciudadano. El vecino. El involucramiento de la sociedad a un proceso judicial es verdaderamente un paso adelante.

La iniciativa presentada elude, por caso, los delitos en la administración pública. Podrían agregarse otros delitos, como el de estafa (se puede pensar en el caso ATER, donde aparecen empresarios engañando al fisco).

Un repaso por los comentarios, generalmente en las redes sociales y en los portales de noticias, suele ser un termómetro del consumo de lo noticiable. Corrupción y comunicación se han convertido en un cóctel coyuntural que indigna a una minoría intensa. Sin embargo un homicidio o un caso de abuso sexual conmueve a una mayoría. El pueblo, a través del jurado popular, ahora podrá juzgar estos casos. Si Zygmunt Bauman viviera, sin dudas apoyaría un proyecto como este, que plantea un avance en la ruptura de las instituciones y las estructuras fijadas. En la vida líquida, según el sociólogo polaco, la sociedad se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos. ¿Qué sería entonces , para Bauman, el sentido común en estos tiempos de revolución comunicativa?

Las elites 

El texto que ingresó al Senado de juicio por jurados surgió de las elites. Del poder. Los tres poderes del Estado liberal, las entidades que aglutinan a la comunidad judicial como el Colegio de Abogados de Entre Ríos, la Asociación de Magistrados y abogados penales del dream team que suelen representar a los integrantes de esa misma elite que impulsa el proyecto. Ese involucramiento también es un avance.

En diciembre del año pasado, sobre los festejos de Navidad, la Justicia entrerriana desempolvó una herramienta como el habeas corpus para dejar en libertad a Juan Pablo Aguilera en el marco de la causa de los contratos truchos. Fue una excepcionalidad que puso en crisis el sentido común. ¿Cuántos presos están detenidos sin condena firme? ¿Todos los presidiarios de la Unidad Penal de Paraná tienen la capacidad y los recursos de entorpecer las investigaciones que recaen sobre ellos o fugarse? La medida, desde la óptica de los derechos humanos, se aplicó cuando en la escena apareció el cuñado de un ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados.

Las prisiones preventivas no han merecido un debate apropiado. Surgen cuando alguien del poder pierde lo más esencial como es la libertad.

En el libro de Derechos Humanos y poder (conversaciones con Eugenio Zaffaroni) publicado por el editor Lucas Crisafulli, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia sostiene que el penalista toma las leyes y las interpreta, analiza los textos, los desmonta  “y de ese modo elabora una teoría, un sistema. ¿Para qué? Para que los operadores del aparato jurídico lo usen y apliquen a los casos particulares , es decir, que elabora un programa político para el ejercicio del poder jurídico (judicial) del Estado”.