Duras críticas a los embargos y a una pericia contable

Los abogados defensores cuestionaron el trabajo de un perito del Ministerio Público Fiscal en la causa por contrataciones irregulares en la Legislatura. Denunciaron la violación de leyes provinciales y del Código Penal. Solicitaron que se rechacen los embargos de bienes a las personas imputadas y que se determine “seriamente” el perjuicio al Estado. Electrizante testimonio de Rodríguez Signes.

La audiencia de este lunes, en el marco de la causa de los contratos truchos en la Legislatura, tuvo dos temas a discutir: la intervención de la Fiscalía de Estado en el legajo y los embargos que impulsó el Ministerio Público Fiscal.

El primer punto fue avalado por la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno, quien aprobó la representación de Julio Rodríguez Signes por parte del Estado en la audiencia y tome intervención en el legajo en el que se investiga el desfalco de 2 mil millones de pesos en el período 2008 – 2018. Los abogados defensores habían objetado la presencia del funcionario con el argumento de que al momento no hay causa civil y, por lo tanto, no corresponde que esté presente el titular del organismo del Poder Ejecutivo. Rodríguez Signes apeló a las atribuciones que le manda la Constitución respecto al resguardo del patrimonio del Estado.

El debate más interesante de la jornada fue en torno al embargo por tres mil millones de pesos (2 mil más mil de intereses) que recayeron sobre los imputados y que en varios casos afectó no sólo a los bienes sino también a cuentas sueldo.

El hilo conductor de la audiencia fue la pericia que realizó Héctor Enríquez para la Fiscalía. Ese trabajo fue el sustento de los embargos. Los abogados defensores coincidieron que la misma carece de elementos técnicos para haber avanzado de la forma en que se hizo sobre los bienes de algunos imputados. “Se embargó por tres mil millones de pesos y no hay una sola prueba técnica, científica y seria”, se quejó Guillermo Vartorelli, quien en su prólogo había cuestionado “una dolarización fácil” de todos los bienes y supuestas sustracciones de las arcas del Estado, en este caso de las cámaras legislativas durante una década. “Tomaron una moneda extranjera como parámetro, cuando las operaciones rigen con otra, excepto algún contrato específico”, sostuvo. Y agregó: “Lo más grave fue que se embargaron cuentas sueldo en un cien por ciento, cuando la ley provincial lo prohíbe”. La fiscal Patricia Yedro, a su turno, reconoció “una serie de vicios” y aclaró que fueron corregidos.

La otra crítica que se hizo desde la defensa fue que se embargaron bienes que varios imputados heredaron o adquirieron varios años antes al período que se investiga. Entienden que por lo tanto no debe ser motivo de que tal medida los alcance. Vartorelli señaló una propiedad y una empresa de Jorge De Breuil, empleado en el Senado entrerriano, que pasó a su nombre en 1.957 y la firma en 1.971. “¿Qué relación guardan con el delito?”, se preguntó el abogado.

Críticas

Emilio Fouces se refirió al caso concreto de su defendido, Sergio Cardoso, uno de los responsables del área contable de la Cámara de Diputados. “Mi defendido es un empleado jerárquico que gana cerca de 100 mil pesos y su esposa trabaja en el Banco Nación. Tienen una casa y pueden demostrar la vida que llevan, sin embargo lo embargaron”, puso como ejemplo. Y siguió con otro de sus defendidos: Gustavo Falco, integrante del estudio Integral Asesoría, que comparten con otros dos imputados, Pedro Opromolla y Guido Krapp. “Falco, a diferencia de sus socios, no tuvo ningún contrato en la Legislatura, excepto uno en el Senado de la Nación y por el que nadie pidió una sola explicación en todo este proceso. Es un contador que trabaja con cuentas bancarias, con este embargo lo aniquilaron”, se despachó.

José Velázquez, defensor de los tarjeteros Flavia Beckman y Hugo Mena, aprovechó para recordar el episodio por el cual la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, dio un paso al costado de la causa al conocerse que compartía dos propiedades con Opromolla. “Dos veces, su señoría, dijo ante todos que no tenía ninguna relación comercial. Dos veces. Y después resulta que lo reconoció y se apartó. ¿Cuál es el criterio de esta medida?”, ironizó.

Iván Vernengo, defensor de Alfredo Bilbao, también tuvo duras críticas a la medida. Se quejó que se haya embargado a personas que no están imputadas, por caso la esposa de Bilbao, Gabriela Vainstein. Más adelante dijo que se embargaron cuentas que “son de la época de la juventud de los imputados y que ya no están ni siquiera habilitadas. No han investigado nada de nada el patrimonio de los imputados”, les espetó a los fiscales.

Un elemento escalofriante

Yedro aclaró que el monto de dinero sustraído que se investigando y cuya cifra generó malestar en los abogados “no está determinado, porque es una investigación que está en permanente desarrollo”, dijo, en coincidencia con su par Ignacio Aramberry. Al momento de justificar la utilización del dólar como parámetro, la fiscal sostuvo que hay prueba que indica que varias operaciones con los supuestos montos sustraídos de la Legislatura se hicieron precisamente en esa moneda.

Aramberry le dedicó un largo tiempo a leer mensajes de textos que forman parte del legajo entre imputados y familiares para dar cuenta que más allá que haya personas que no están imputados es válido el embargo. Habló de “importante evidencia sobre inversiones de cónyuges”.

Rodríguez Signes dejó, sobre el final y en su corta intervención, un elemento que pasó desapercibido pero es una bomba. “Todos los contratos que he visto tienen vicios graves. No sé cómo los contables ejecutaron los pagos de contratos que no tenía firma”.

La apelación de la cautelar y los embargos se conocerá el viernes a las 9.